viernes, 24 de marzo de 2017

Los problemas de la economía española .


¿Por qué crece la economía española?



Por Albino Prada

 Kaosenlared.



Es éste un modelo de recuperación que confirma al menos dos cosas. Que la devaluación interna solo está beneficiando la actividad turística y de contratación de servicios personales cada vez más precarios, y que los ajustes fiscales impiden que la inversión pública tome el relevo de la inversión privada.



 Para el bienio 2015-2016 el INE estima un crecimiento económico en España del 3,2%, con una aportación de la demanda nacional del 3,3% en 2015 y del 2,8% en 2016.  Lo que implica una contribución negativa de la demanda externa en 2015, y muy reducida en el 2016. Según el INE, más del 90% de nuestro crecimiento descansó en la demanda interna para el conjunto del bienio.

El motor externo

A pesar de su muy reducida aportación al crecimiento de la economía española debe anotarse en la demanda externa algún aspecto a destacar. Así el conjunto de la balanza de bienes y servicios ha pasado de fuertemente negativa, antes de la crisis, a ser positiva en casi un tres por ciento del PIB el año 2016. Esto podría ser síntoma de una mejora de nuestra competitividad comercial, pero ¿ha sido así?
De entrada el saldo total de la balanza comercial seguía siendo negativo en 2016. Pero debe añadirse que, aunque dejemos a un lado el saldo energético (que se ha tornado menos desfavorable por razones exógenas y se ha reducido a la mitad en los últimos años, de ser negativo por 45.000 millones a serlo solo en 16.000), el saldo comercial no energético aún sigue siendo negativo. De manera que nuestra competitividad comercial explica en escasa medida la mejora del saldo externo total.
Porque si dejamos a un lado el viento de cola que ha supuesto el abaratamiento de los hidrocarburos en este pasado bienio, la mejora del saldo externo total debe ser imputado sobre todo a los servicios, y dentro de ellos a los turísticos (muy favorecidos por la devaluación salarial interna y la demanda centroeuropea). Una balanza de servicios que anotó en 2016 un saldo positivo por casi un 4,5% del PIB, saldo que compensa sobradamente el, decreciente, déficit de la subbalanza energética y del resto de mercancías. Podría decirse que la devaluación salarial interna no habría mejorado tanto nuestra competitividad comercial cuanto nuestro negocio turístico.
Cabe incluso matizar aquella mejora del saldo comercial no energético en un sentido problemático: ya que el factor decisivo ha sido la congelación nominal de las importaciones a niveles del año 2007 (otro efecto de la devaluación interna) como se observa en el siguiente gráfico con un índice 122 en 2016 prácticamente igual al 121 de 2007. Lo que quiere decir que si la tendencia de nuestras importaciones no energéticas continuase en la senda anterior a la crisis abría neutralizado y absorbido toda la mejora exportadora.
De manera que la, con todo, reducida aportación del motor externo al crecimiento ha de imputarse, por un lado, a la buena coyuntura de los precios de los hidrocarburos (que abarata nuestras elevadas importaciones), y, por otro, a una devaluación interna que ha frenado las importaciones no energéticas y ha impulsado al mismo tiempo nuestra balanza de servicios turísticos.
En ausencia de estos comportamientos nuestra mejora en el desempeño comercial exportador habría sido insuficiente para mejorar la aportación de nuestra demanda externa al crecimiento del PIB. O, dicho de otra forma, la devaluación interna (salarial, laboral y de rentas) aplicada a la economía española no habría activado el motor externo a pesar de haber contado con el abaratamiento de las importaciones no energéticas y provocado la congelación de las no energéticas.
El motor interno
Analicemos ahora el factor sin duda determinante de la recuperación en el bienio 2015-2016: la demanda interna. Con un crecimiento medio en torno al tres por ciento es aquí donde se sitúan las mayores luces, y también las sombras, de nuestro modelo de recuperación. Y ello aunque comprobemos que mientras en el último trimestre del 2015 dicha demanda crecía a tasas del 3,8%, apenas lo hacía ya al 2,2% en el último trimestre del 2016.
En cualquier caso se agolpan las preguntas: ¿porque crece tanto la demanda interna española? ¿Y cómo lo puede hacer en un país con la mayor tasa de paro y de desigualdad social de la UE?. Tres vectores explicarían, de forma desigual, ese impulso de la actual recuperación. Los recogemos en una gráfica trimestral para el conjunto del bienio.
El primer vector, en cuanto a crecimiento interanual, habría sido la inversión empresarial hasta mediados del pasado año. Una inversión empresarial en bienes de equipo (cabe suponer que producto de una recuperación de los márgenes empresariales y de las rentas no salariales en el PIB que también confirma el INE) que sería un factor determinante de primer orden hasta ese momento, pero que en la actualidad ya crece menos intensamente que el conjunto de la economía. Tampoco en el otro vector tradicional de la inversión (la constructora) anota tasas de crecimiento superiores al 2% en 2016. En suma: el conjunto de la inversión presenta una fuerte tendencia a la desaceleración en los últimos trimestres.
Un segundo vector que ayudó a nuestra recuperación fue el consumo público, pero solo a consecuencia de la suavización del ajuste de las cuentas públicas a lo largo del año electoral de 2015. Esta segunda fuerza habría entrado en agudo declive ya a lo largo de todo el año pasado. El retorno a la senda austericida que marca, y supervisa, Bruselas estaría detrás de esa tendencia hacia el crecimiento cero que recoge la gráfica.
De manera que, a finales del pasado año, solo nos restaba una fuerza impulsora del crecimiento: el consumo doméstico o de los hogares. Consumo que se movía según el INE en perfecto ajuste al del PIB total de nuestra economía.
Es éste el factor explicativo menos diáfano y coherente con la elevada tasa de paro, de bolsas de pobreza y de desigualdad del país. Podrían identificarse –sin embargo– dos factores que, pese a ello, explicarían su crecimiento: que sean las rentas medias-altas las que protagonicen ese empujón, y que esta magnitud se vea afectada por las rentas de hogares de residentes extranjeros inactivos.
Aun así no deja de ser una anomalía que el consumo de los hogares en España crezca a tasas muy superiores a las que lo hace en una economía como la alemana, como bien se observa en otro gráfico.
En mi opinión esto sólo cabe imputarlo a un efecto riqueza derivado de la devaluación salarial y de la deflación de precios en favor del cuarenta por ciento de hogares de mayor renta (ya que en el resto de los hogares son mayoría los que llegan con dificultades a fin de mes). Si se quiere un ejemplo: un aumento del consumo en hogares de renta media alta derivado de los ahorros en pago de servicios domésticos que se habrían abaratado mucho en los últimos años.
Resumen final 
La actual recuperación de la economía española finalizó el año 2016 con una dependencia casi absoluta del motor interno vinculado al consumo de los hogares de rentas media-altas. Ni la inversión, ni el consumo público, ni la demanda externa están contribuyendo significativamente a dicha recuperación.
Es éste un modelo de recuperación que confirma al menos dos cosas. Que la devaluación interna solo está beneficiando la actividad turística y de contratación de servicios personales cada vez más precarios, y que los ajustes fiscales impiden que la inversión pública tome el relevo de la inversión privada.
De mantenerse ambas políticas, devaluación laboral-salarial interna y ajustes fiscales, el crecimiento se irá desacelerando necesariamente, dependiendo cada vez en mayor medida del consumo de los sectores de la población de mayor renta. Un problemático modelo de crecimiento ya que alimenta –y está alimentado– por la desigualdad social.
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martes, 21 de marzo de 2017

Ley Mordaza . ¿ Un maquillaje en toda regla? .

¿Derogación de la Ley Mordaza o un maquillaje en toda regla?

x Insurgente / Kaos en la red / La Haine
 
 
Un maquillaje trampa que tiene como objetivo hacer modificaciones “visibles”, pero que en suma no generarán cambios sustanciales

Un maquillaje trampa que tiene como objetivo hacer modificaciones “visibles”, pero que en suma no generarán cambios sustanciales tal cual se evidencia en las posiciones que se presentarán hoy.
Y llegó el día… el día en los partidos políticos “dicen” que van a cambiar las cosas, que se va a derogar la Ley Mordaza o que se va a reformar para que reine la democracia en el Estado español.
Pero… a poco de leer en profundidad las escasas informaciones proporcionadas por los departamentos de prensa de las formaciones políticas y/o de las agencias noticiosas es más que evidente que será un cambio para que nada cambie. Un maquillaje trampa que tiene como objetivo hacer modificaciones “visibles”, pero que en suma no generarán cambios sustanciales gane cualquiera de las posiciones que se presentarán hoy.
Además, la única ley que será debatida hoy es la ley de seguridad ciudadana, no se hablará sobre la reforma del código penal ni sobre el pacto anti-yihadista, legislaciones que complementan la rebaja de derechos que ha insertado la Ley de Seguridad Ciudadana.
Noticia en construcción…
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El pleno del Congreso debatirá y votará este martes sendas proposiciones de ley del PSOE y del PNV que buscan sustituir la actual ley de seguridad ciudadana, conocida por sus detractores como ‘ley Mordaza’. Esta norma, impulsada en el 2015 por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, está recurrida por la oposición en el Tribunal Constitucional.
Ambas iniciativas se debatirán conjuntamente en la sesión plenaria, si bien todo apunta a que la que se llevará el favor de la Cámara será la del PNV puesto que tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como Ciudadanos ven con mejores ojos la propuesta de los nacionalistas vascos.
Con su propuesta, el PSOE pretende derogar las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, a quienes se manifiestan delante del Congreso y el Senado, y por utilizar imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Mientras se tramita la nueva ley, y “para que no haya un vacío legal”, los socialistas proponen volver “temporalmente” a la anterior ley de seguridad ciudadana, que aprobaron los socialistas en 1992, conocida como ‘ley Corcuera’, y que estuvo en vigor hasta el 2011.
Sin embargo, otros grupos de la oposición, como Ciudadanos, aseguran que no creen que volver a una norma “antigua” como la ‘Ley Corcuera’ sea “lo más apropiado” para “corregir” la ley de seguridad ciudadana, que, a su juicio, es “muy mejorable”.
Por su parte, el PNV propone en su texto alternativo cambios sustanciales en 44 preceptos de la ‘ley Mordaza’ con el objetivo de que ésta sea “más respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas“. Entre otros aspectos, plantea que deje de ser una infracción grave (con hasta 30.000 euros de multa) el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o que deje de considerarse grave manifestarse ante el Congreso y el Senado perturbando la seguridad pública.
Además, los nacionalistas vascos abogan por establecer un “procedimiento legal y efectivo” de devoluciones en frontera, respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.
También plantean que no se necesaria comunicación previa alguna de las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora, “siempre que no perturben la seguridad ciudadana”.
Por eso hoy más que nunca recordamos el documento de la Plataforma Ciudadana No Somos Delito:
Las trampas de las reformas de la Ley Mordaza
En los últimos meses se suceden los intentos por tomar la iniciativa de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza por excelencia, y apuntarse el presunto tanto de acabar con una ley que cuenta con el rechazo de más del 80% de la ciudadanía.
Desde la Plataforma No Somos Delito hemos estado siguiendo de cerca este proceso y nos preocupa que ninguno de los textos alternativos presentados por PSOE y PNV recojan una regulación garantista del ejercicio de los derechos fundamentales.
En definitiva, nos enfrentamos al riesgo de que se consume la trampa de cambiar algo para que todo siga igual, evitando además entrar en un debate sereno, profundo y articulado con todos los actores sobre el concepto de seguridad ciudadana y las necesidades reales de legislación
Para ayudar a que esto no suceda, queremos informar a la ciudadanía de las cuestiones que más nos preocupan sobre dichas propuestas de ley en este artículo, que es el resultado de un profundo trabajo de análisis de ambas reformas realizado por un grupo de más de 20 juristas y ciudadanía en general.
1. Justificación de las reformas
A pesar de que PSOE alude en su exposición de motivos a la amplia contestación social como el principal motivo de necesidad para reformar la ley vigente, sin embargo su propuesta de derogación combina lo peor de la Ley Mordaza y de la Ley Corcuera, más conocida esta ultima como Ley de Patada en la Puerta (LO 1/1992). Y esto, sumado a que el texto presentado por el grupo socialista sigue abusando del uso de conceptos jurídicos indeterminados y genéricos, que dificultan la definición del ámbito de aplicación de esta ley, lo que nos dejaría de nuevo ante una situación de indefensión frente a la norma, una de las principales críticas sociales a la ley vigente.
Por su parte, el PNV anuncia en su exposición de motivos una ampliación del derecho de huelga y los derechos y libertades de los extranjeros en España (derogación de las devoluciones en caliente incluida). Pero, si continuamos la lectura del texto, descubrimos que ¡no se incluyen tales cambios!, ya que dichos conceptos no aparecen desarrollados en su articulado.
2. ¿Una ley de seguridad ciudadana para proteger los derechos de las personas?
Nos preocupa mucho, la noción de seguridad ciudadana que manejan las reformas presentadas tanto por el PSOE como el PNV.
En el caso del PNV se coloca en el mismo plano la protección de los derechos fundamentales y la de los bienes, entendiendo la esfera pública como un espacio de “uso y disfrute públicos” y no como un espacio para el libre ejercicio de derechos, concepción que se aleja mucho de lo que necesita la ciudadanía y de la defensa de los derechos fundamentales. Además de que esta reforma mantiene en su definición de seguridad ciudadana conceptos jurídicos indeterminados como “tranquilidad y convivencia ciudadanas”, que amplían el margen de discrecionalidad a la hora de aplicar dicha ley.
Por su lado, el PSOE mantiene el mismo prisma que el PP sobre seguridad ciudadana confundiendo este concepto con el mantenimiento del orden público; además, de que no introduce en el texto ninguna definición. La única definición posible que encontramos en el texto sobre la noción de seguridad ciudadana es la referente a la finalidad de aplicación de la ley destinada a “asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la de prevenir la comisión de delitos y faltas”. Definición que usa de nuevo conceptos jurídicos genéricos, volviendo a la inseguridad jurídica que esto supone para la ciudadanía.
3. Home Sweet Home: registros domiciliarios.
En esta ocasión el PNV pierde una preciosa oportunidad para regular de manera más garantista este apartado de registros domiciliarios, ignorando de nuevo que, salvo casos de autorización u orden judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo deben intervenir en domicilios particulares en supuestos tasados.
Es aun peor en este punto la propuesta del PSOE, que en el Capítulo 3 recoge la posibilidad de entrada y registro en domicilios en diferentes supuestos, algunos de los cuales son competencia municipal y podrían ser usados para facilitar desalojos ilegales. Se incluye, además, una potestad de entrada en edificios de entidades públicas sin necesidad de autorización previa que, nuevamente, puede ser utilizado como excusa general para desalojar actos de protesta. En este mismo capítulo, recupera la posibilidad de realizar controles en la vía pública o en carretera para “el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social”, sin describir a qué supuestos se refiere.
4. Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)
Respecto a evitar arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios públicos en la propuesta registrada por el PNV, el texto no especifica los supuestos en los que está justificada esta intervención. Los criterios propuestos para delimitar su actuación van desde el amplio marco de los “indicios” de participación y el vago espectro de que “se considere razonablemente necesario”.
Tanto PNV como PSOE pierden la oportunidad de regular de manera más garantista los supuestos en los que se puede requerir la documentación a fin de evitar controles de identidad discriminatorios y la posibilidad de regular con rigor los derechos que asisten a la persona “retenida” para ser identificada. Respecto de los principios que deben regir la actuación de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, el PSOE destaca la “cooperación y la lealtad institucional”, omitiendo otros principios esenciales para la protección de nuestros derechos como la legalidad, la igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad y responsabilidad.
Procede señalar que ambas propuestas mantienen, además, el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad. Resulta preocupante comprobar cómo en un procedimiento tan poco garantista como es el sancionador se insiste en no revisar una previsión que supone, de facto, una pérdida de posibilidades del derecho a la defensa.
6. Mantienen o incrementan los supuestos de infracciones
La propuesta del PNV mantiene 3 de las 4 infracciones muy graves, eliminando la sanción por manifestaciones frente infraestructuras en las que se presten servicios básicos para la comunidad, salvo en el supuesto en que la intrusión en las mismas produzca “una interferencia grave en su funcionamiento”, un término ambiguo que no es precisamente exculpador. De las infracciones graves, el PNV mantiene 7 de las tipificadas en la actual Ley Mordaza. En el caso de las multas por obstrucción a la autoridad, como son las protestas por desahucios, el PNV por un lado elimina de este supuesto la figura de las autoridades judiciales, pero por otro lado mantiene la figura de las autoridades administrativas, con lo que se podrían seguir sancionado las protestas por desahucios de vivienda municipal y autonómica que ahora son particularmente frecuentes. Además mantiene 10 de las 17 infracciones leves, lo cual resulta preocupante, ,,entre ellas, la sanción por falta de respeto a agentes de las FCSE, responsable de miles de multas infundadas desde que entró en vigor la actual ley. .
En la proposición del PSOE se incrementan de 4 a 11 el número de infracciones muy graves y desaparece solo una infracción. En cuanto a las infracciones graves, el PSOE reproduce 11 de las infracciones existentes e introduce 7 nuevas en su mayoría relacionadas con el uso y gestión de establecimientos y locales. De las infracciones leves mantiene 6 e incorpora 5 nuevas infracciones además de numerosos conceptos jurídicos indeterminados, como la alteración seguridad colectiva, actividades con trascendencia para la seguridad, etc.
Por último, otra cuestión que preocupa mucho es el Registro Central de Infracciones contra la seguridad ciudadana, o listas negras de infractores, que quedaría derogado por parte del PSOE, pero sin especificar qué pasará con los datos ya existentes en el registro, y que se mantiene vigente en el caso del PNV.
7. Derecho a la protesta
El PSOE mantiene 3 infracciones muy graves referidas al ejercicio del derecho de reunión y rescata de la Ley Corcuera las sanciones por la provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana,, la cual extiende la responsabilidad del individuo a las reacciones de terceras personas. Además, añade otra infracción muy grave, como la de causar desórdenes graves en vías públicas y daños graves a los bienes públicos. Entre las leves, introducen 3 nuevas infracciones: la desobediencia a agente de la autoridad, la alteración de la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías públicas. Y mantiene además la infracción por la celebración de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público (artículo 26 j) ,lo que nos llama poderosamente la atención ya que precisamente este fue uno de los artículos de la Ley Mordaza (37.1) que recurrieron ante el Tribunal Constitucional.
El PNV introduce una disposición final que modifica la Ley reguladora del derecho de reunión, posibilitando la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia, una reivindicación ciudadana constante, así como una exigencia por parte de la jurisprudencia europea. Pero respecto a la responsabilidad de los promotores u organizadores de manifestaciones o concentraciones, mantienen exactamente la misma regulación que la ley vigente.
8. Criminalización de la pobreza
Nos preocupa gravemente que la proposición de la Ley de Seguridad Ciudadana del PNVmantenga la aberración jurídica que suponen las devoluciones en caliente en la frontera sur. vulnerando el derecho de asilo. En su texto se limitan a señalar la exigencia de una regulación en el plazo de 3 meses para poder llevar a cabo las devoluciones conforme a la legalidad internacional, algo que de facto es ilegal.
Caben señalar también cambios positivos aunque poco significativos en comparación a todo aquello que nos preocupa. La propuesta del PSOE contempla una rebaja de la cuantía de las sanciones respecto de la ley vigente en dos de los tipos de infracciones, volviendo a Ley Corcuera (LO 1/1992). En su caso, el PNV aunque mantiene las mismas cuantías introduce que las sanciones impuestas no podrán ser superiores a la que corresponda por infracción penal y propone además eliminar las sanciones por el uso no autorizado de imágenes de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, las perturbaciones graves de la seguridad ciudadana en manifestaciones ante Congreso y Senado y los desórdenes y obstaculización en la vía pública. Incorporando además una disposición que posibilita la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia.
En vista a que estas propuestas de reforma se están llevando a cabo sin contar con la sociedad civil e ignorando que han sido plataformas ciudadanas, entidades sociales, operadores jurídicos y órganos nacionales e internacionales de Derechos Humanos las que hemos conseguido, con nuestro trabajo reflexivo de análisis y denuncia, que esta norma tenga hoy un poco menos de repercusión negativa en los derechos de las personas. Desde No Somos Delito hemos organizado un debate ciudadano que se celebrará el viernes 17 de marzo en la Nave de Terneras de Matadero Madrid para analizar algunas de las cuestiones más inquietantes recogidas tanto en la Ley Mordaza como en los proyectos alternativos presentados por los distintos grupos parlamentarios y proponer cómo debería ser una legislación respetuosa con los derechos humanos sobre esta materia.
Texto completo en: http://www.lahaine.org/iderogacion-de-la-ley-mordaza

El PP contra el derecho a decidir se carga la separación de poderes .


Diez maniobras políticas de España que ponen en duda el estado de derecho

Por Seda Hakobyan y Alexandre Solano / Vilaweb

Repasamos diez ejemplos que forman parte de una estrategia política que tiene como objetivo controlar ideológicamente las estructuras del estado


Esta semana se ha sabido el nombramiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, con un claro perfil ideológico, resultado de un pacto entre el PP y el PSOE. También ha sido noticia de que el Tribunal Supremo había avalado excluir una juez por sus ideas soberanistas. Estos dos casos son sólo un muestra de una estrategia política que tiene como objetivo controlar ideológicamente las estructuras del estado, apartando su soberanismo, y que hace llegar la influencia de la política en todas las áreas de decisión y poder, sean públicas o privadas.

Ángeles Vivas, excluida por el CGPJ para mostrarse a favor del derecho de decidir

En abril del año pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no escogió la juez Ángeles Vivas como presidenta de la Audiencia de Barcelona a pesar de tener unos méritos muy superiores al otro candidato. Era en el puesto 159, mientras que el candidato conservador se encontraba en el 1.359. Pero Vivas había firmado el manifiesto en favor del derecho a decidir de Cataluña, junto con 32 jueces más.
Para la minoría progresista, fue una decisión arbitraria y un caso claro de ‘discriminación ideológica’. Pero esta semana el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por considerar que, si bien firmar el manifiesto era un ejercicio legítimo de libertad de expresión, esto no significa que el órgano encargado de valorar la idoneidad del candidato no pueda tener en cuenta las actuaciones y manifestaciones políticas. Los magistrados argumentan que ‘nadie obliga a los jueces y magistrados a expresar públicamente sus opiniones’ pero que ‘quien voluntariamente baja a la arena política y participa en el debate y la lucha propios de este ámbito, no puede esperarse razonablemente que se olvide este dato ‘. La decisión abre la puerta a elegir un magistrado por sus ideas y no por sus méritos.
Xavier Vinyals o la diplomacia al servicio de una ideología

Xavier Vinyals, cónsul honorario de Letonia en Barcelona desde 2007, no había ocultado su independentismo. Era presidente de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes desde 2003, y había sido elegido justamente por haber apoyado el proceso independentista de Letonia, donde participó en la Vía Báltica de 1989.
Pero con el auge independentista, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, después de infructuosas presiones en Letonia, decidió retirar a Vinyals la autorización que le permitía ejercer de cónsul honorario, porque lo consideraba una persona no aceptable para el cumplimiento de sus funciones consulares ‘. Se trata de una actuación prevista para casos muy excepcionales, tales como el espionaje, pero un hecho sin precedentes en democracia. El Gobierno utilizó el argumento de que Vinyals había colgado una bandera en el edificio del consulado, pero se trata de una afirmación falsa certificada por notario.
También han sido noticia los constantes boicots, mediante el uso de embajadas y personal, a actos en que se debatía sobre el derecho de decidir. El ministro de Asuntos Exteriores español envió un informe, titulado ‘Por la convivencia democrática’ y de 210 páginas, a 129 embajadas y 90 consulados con argumentos contra la independencia de Cataluña. Asimismo, nombró dos ‘embajadoras especiales’, María Bassols y Cristina Ysasi-Ysasmendi, con el objetivo de contrarrestar la campaña internacional en favor de la independencia.
Más allá de la política de presiones, salió a la luz el caso de un agregado de la embajada española en Andorra que había pagado 500.000 euros de los fondos reservados al consejero delegado de la Banca Privada de Andorra en cambio de obtener información sobre las cuentas de la familia Pujol. Además, amenazaron con hacer un informe duro contra el BPA para que fuera considerada una entidad blanqueador de capital si no colaboraba. También cabe destacar la manipulación en la traducción de una respuesta de la Comisión Europea poco antes de las elecciones del 27-S.
Rodríguez-Sol, Nuet y la ‘purga’ de fiscales en Cataluña

La Fiscalía española es una institución jerárquica, con un fiscal general del estado a la cabeza, teóricamente imparcial e independiente, que es propuesto por el gobierno pero que no puede recibir instrucciones ni órdenes.
En 2013, el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, tuvo que dimitir porque le habían abierto un expediente por haber dicho que era legítimo que se consultara a los catalanes sobre su futuro político. Su sustituto es un fiscal muy político, que ejecutará sin dudar las órdenes que venga de Madrid. También ha habido influencias en la Fiscalía General del estado, muchos recordarán la frase ello la fiscalía te afina ‘. El 9 de noviembre de 2014, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se opuso a la querella contra Artur Mas y el fiscal Eduardo Torres-Dulce acabó dimitiendo por las presiones recibidas. A continuación, fue nombrada una fiscal que prometió mano dura contra el independentismo.
Un caso más reciente ha sido la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña contra los miembros de la mesa del p arlament por una resolución en favor del referéndum, pero sólo contra los miembros independentistas: la querella excluir Joan Josep Nuet, de CSQEP , argumentando que él no pretendía desobedecer ‘. De este modo, valora va arbitrariamente que Nuet había actúa t creyendo, erróneamente, que cumplía sus funciones y, por tanto, lo diferenciaba del resto de la mesa, que consideraba que había actuado por ideología.
El último escándalo ha sido la sustitución de la f iscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que investigaba el presidente murciano por corrupción y que, a raíz de la destitución, denunció haber recibido presiones. En este contexto, salió a la luz la intención de la Fiscalía de sustituir una treintena de fiscales por motivos ideológicos. Uno de los cambios ha sido colocar al frente de la Fiscalía Anticorrupción Manuel Moix, que tuvo una actuación polémica en el Caso Rato.
Hola, España’ o el control de los medios de comunicación

La periodista Cristina Puig, presentadora de ‘El debate’ de TVE, había pedido más pluralidad en su programa, y poco después fue despide por injerencia e indisciplina. El despido se acabó considerando improcedente. El hecho coincidió con el nombramiento como director de TVE de Eladio Jareño, hasta entonces jefe de comunicación del PP en Cataluña. No es un caso aislado, un año antes, la periodista Xantal Llavina, aunque su programa estaba por encima de la media de la cadena, fue destituida por considerar que el programa tenía demasiado contenido político.
El problema no se circunscribe únicamente a Cataluña: 2.200 trabajadores de RTVE han denunciado los intereses partidistas de la cadena, donde se ha sustituido el 95% de los responsables editoriales que había en 2012. Los trabajadores denuncian el nombramiento del ex-responsable de opinión de La Razón como jefe de informativos, y que se haya creado una redacción paralela con periodistas provenientes de medios conservadores.
TVE ha recibido más críticas. Por ejemplo, que relegara al quinto lugar del informativo la noticia sobre la Diada del 2012; que ocultara las grabaciones de Fernández Díaz o que manipulara un saludo de Bruce Springsteen en uno de los últimos conciertos en Barcelona: le hicieron decir ‘Hola, España donde había dicho’ Hola, Cataluña ‘. Más allá, de la radiotelevisión pública española, El País publicó en 2012 un informe anónimo de la policía que investigaba delitos fiscales o blanqueamiento de capital de los directivos de los principales diarios que se editaban en Barcelona, ​​seguramente para influir en su posición respecto del proceso independentista.
La tercera cámara política: el TC

Esta semana, el PP y el PSOE han pactado de renovar el Tribunal Constitucional, y han excluido el resto de formaciones. La mayoría de los magistrados son elegidos por los partidos, que han convertido el tribunal en el último recurso de la política, todo eligiendo magistrados cada vez más politizados y que llevan al límite la interpretación partidista de la constitución.
El caso que más desprestigió el TC fue la sentencia sobre el estatuto catalán, que tardó cuatro años, con un patio dividido, algunos magistrados con el mandato caducado y donde se contaron, a efectos de quórum, miembros que ya habían muerte. Desde entonces, el TC es una tercera cámara política que decide sobre cuestiones respecto de las que la constitución es ambigua. Por ejemplo, las leyes del aborto, del matrimonio homosexual, los desahucios, de la educación o de la tauromaquia. Y cada nombramiento se refuerza el partidismo, con magistrados vez más obedientes a la doctrina de partido.
Entre los miembros del TC teóricamente independientes, está el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, que ha continuado siendo militante del PP tras el nombramiento, y Andrés Ollero, diputado del PP durante diecisiete años. También se eligió como magistrado el juez que en 2010 había dictaminado que el castellano debía ser considerado lengua vehicular en la escuela catalana, o un juez que había escrito, durante el debate del estatuto, un artículo titular ‘El elixir nazionalista ‘.
El último movimiento ha sido dotar al tribunal de capacidad para sancionar e inhabilitar los cargos que no cumplen las sentencias, otorgándole, pues, capacidad penal sin juicio previo ni derecho de apelación.
Clara Ponsatí o el veto por ideología

En 2012, la doctora en economía Clara Ponsatí ocupaba la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad norteamericana de Georgetown. Había sido seleccionada por la universidad entre tres candidatos elegidos por el Ministerio de Educación español y la fundación Endesa, que financia la cátedra.
Pero con el auge soberanista, la embajada y el gobierno español empezaron a hacer presiones, hasta el punto de no renovarle la plaza. El trámite se había hecho cada año desde la creación de la cátedra, pero esta vez decidieron dejar la plaza vacante, a pesar de la voluntad de la universidad porque Ponsatí hay continuara.
La profesora, que se había mostrado partidaria del derecho a decidir, pero en ningún caso en la universidad, lo consideró una maniobra de censura por opiniones políticas. Las sospechas se confirmaron cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo que ninguna cátedra en el extranjero no serviría ‘de base para alentar procesos secesionistas contrarios a la constitución’.
Operación Cataluña o la policía patriótica contra el independentismo

Poco antes de las elecciones españolas del 26 de junio, aparecieron las conversaciones grabadas entre Jorge Fernández Díaz y el director de la oficina antifraude, Daniel de Alfonso. Paralelamente, el polémico comisario José Villarejo reconocía la existencia de una unidad de policía dedicada a incriminar a los políticos independentistas y su entorno.
Hace cinco años, con el giro ideológico de CDC, ya se había publicado la existencia de un grupo de policías, amparados por dirigentes del gobierno, que tenían como objetivo elaborar informes contra los líderes independentistas al margen de la ley. Elaboraban informes anónimos, utilizando datos sin verificar -muchas veces, falsas-, y los filtraban a los medios afines para conseguir eco mediático y presionar para que se abriera una investigación judicial.
El falso informe de la UDEF contra Mas publicado nueve días antes de las elecciones del 2012, o las acusaciones a Xavier Trias, poco antes del 9-N, de tener cuentas en Suiza, son dos ejemplos. Documentos sin firma ni destinatario. Este mismo grupo hizo informes sobre Carmen Forcadell y su familia, y sobre más miembros de la ANC.
El CNI contra ciudadanos independentistas

Paralelamente a la actividad ‘alegal’ de la policía patriótica, el CNI también ha actuado contra la independencia. La operación del CNI se llamaba ‘Horizonte Después’. El plan constaba de tres fases. La primera fase era potenciar en Cataluña tertulianos y periodistas contrarios a la independencia; la segunda, pagar dinero a medios de comunicación que publican en Cataluña; y finalmente, reunir toda la información posible sobre los dirigentes independentistas. La operación tuvo un costo de diez millones de euros entre 2012 y 2014.
Un encausado de la operación Púnica, sobre corrupción, reveló doce llamadas y veinte y cinco mensajes con miembros del CNI para trabajos contra el independentismo en la red. Especializado a mejorar la reputación de sus clientes, había sido contratado por el CNI para difundir información contra el independentismo ya favor de la imagen de España en las redes sociales y los foros de internet. Unía a foros soberanistas, se ganaba la confianza del resto de usuarios y terminaba difundiendo contenido y mensajes contra la independencia de forma disimulada. El CNI indicaba las noticias y artículos que había de difundir.
Santiago Vidal o el control del poder judicial

Una de las críticas, incluso de instituciones europeas, ha sido la intervención de los políticos en los magistrados del CGPJ. Si hasta 1985 la mayoría de estos magistrados eran elegidos por los propios jueces y magistrados en voto secreto, ese año una nueva ley del poder judicial cambiar el método y desde entonces todos los miembros del CGPJ son elegidos por las cámaras legislativas, donde las asociaciones de jueces tienen una intervención simbólica, que presentan una lista de treinta y seis candidatos pactados previamente con los partidos según el talante de la asociación.
La politización del CGPJ impregna el resto de instituciones judiciales y hace tambalear el sistema, ya que éste propone miembros del Tribunal Supremo, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, jueces de instrucción, etc. En 2015, el malestar profesional provocó que todas las asociaciones de jueces, que rara vez se ponen de acuerdo, se unieran para pedir que volviera la elección directa por parte de los jueces.
Esta mayoría ha sido clave para designar el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El CGPJ no renovó el presidente Miguel Ángel Gimeno, porque consideraba que había sido poco contundente en las investigaciones de Mas, Rigau y Ortega. En cambio, se eligió un candidato más crítico con el soberanismo, clave en la causa del 9-N. El actual presidente, Jesús María Barrientos, fue elegido por el CGPJ ante Gimeno, por doce votos a nueve.
Esta misma mayoría de doce a nueve fue el resultado de la votación que inhabilitó el magistrado de la Audiencia Provincial, Santiago Vidal, después de haber redactado una constitución catalana, sin valor jurídico, durante su tiempo libre.
Cuando la costa mediterránea pasa por Madrid

El último escándalo , denunciado por el gobierno valenciano, ha sido la utilización de cerca de 1.000 millones de euros de los fondos reservados del corredor mediterráneo para a pagar las obras del corredor central, como el túnel de Atocha -Chamartín o la conexión del aeropuerto de Barajas con el TGV .
Estas inversiones, de 56.000 millones en la red transeuropea de transporte, principalmente en el TGV y la alta velocidad radial de Madrid, contrasta con la conexión Valencia-Barcelona, ​​teóricamente el ramal rentable y real del corredor mediterráneo, que aún mantiene 40 kilómetros de tramos de vía única y con constantes incidencias y retrasos. Parece haber una voluntad de no conectar y vertebrar los Países Catalanes, y de evitar que Cataluña sea la única puerta ferroviaria de Europa con el estado.
El corredor mediterráneo genera la mitad de la producción industrial y agraria del estado, el 60% del tráfico marítimo y el 55% de las mercancías transportadas en el estado. Pero, a pesar de que el ferrocarril ha sido una reivindicación de décadas que ha unido empresarios y gobiernos de los Países Catalanes, ya pesar de ser altamente rentable y un impulso a la actividad, hace décadas que el gobierno español le aplaza y lo aparta .

http://www.vilaweb.cat/noticies/10-maniobres-politiques-que-posen-en-dubte-lestat-de-dret-a-espanya/

 Nota . Vilaweb es una web de CUP( +-).   La traducción es de Kaos en la red . no dice de quién .

domingo, 19 de marzo de 2017

La hoja de ruta de la inestabilidad en España .

Reino de España: La hoja de ruta de la inestabilidad




G. Buster

 


“Yo no voy a convocar elecciones, esto es un disparate, mi intención es que la legislatura dure todo lo que pueda porque es lo normal, lo razonable y creo que es positivo dar ese mensaje”. Mariano Rajoy

La derrota del gobierno Rajoy en la convalidación del real decreto 4/2017 para la contrarreforma de la estiba en los puertos españoles ha vuelto a romper la imagen de estabilidad que intenta transmitir tanto para consumo interno como en la UE. Las causas subyacentes de la crisis del régimen del 78, así como las coyunturales, a las que me referí en una nota anterior, siguen actuando. Para ninguna de ellas tiene respuesta el Gobierno Rajoy, que vive al pairo en una situación internacional y económica llena de “incertidumbres” según la UE, confiando no tanto en la fortaleza de su gobierno minoritario –aunque haya consolidado su papel de arbitro en las clases dominantes del Reino- como en la debilidad de una oposición y unas izquierdas más preocupadas hasta ahora en los ajustes y las luchas de poder internos que en construir una alternativa.
La clave de la bóveda de la actual coyuntura sigue siendo la situación interna del PSOE tras el golpe del 1 de octubre, que forzó la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general. Han sido los pactos –algunos secretos, otros escandalosamente públicos- de la gestora presidida por Javier Fernández y controlada desde Sevilla por Susana Díaz lo que ha permitido crear el espejismo de la estabilidad y fortaleza del Gobierno Rajoy, en un bipartidismo zombie en el que Ciudadanos no es más que un pretendiente cornudo y desairado.
Factores de crisis coyunturales y estructurales

Cotidianamente, a golpe de titulares, se va conformando una hoja de ruta de la inestabilidad, que acabará por obligar al Gobierno Rajoy a convocar elecciones anticipadas. Las hipótesis sobre la evolución de los acontecimientos deben tomar en consideración factores externos (la subida de los tipos de interés por la FED, la respuesta del Banco Central Europeo poniendo límites a su flexibilización cuantitativa, lo que hará cada vez más difícil la gestión de una deuda pública del 100%, así como una subida de los precios de la energía..); factores políticos en la UE (los resultados de las elecciones en Países Bajos, Francia y Alemania); y una larga lista de factores internos (una cierta removilización social y sindical, aun por consolidar, la ineficacia de la gestión económica del gobierno y su incumplimiento de los objetivos de déficit, el goteo permanente de los escándalos de corrupción, el choque de trenes con el soberanismo catalán, el resultado de las primarias y el congreso del PSOE y la aprobación o no de los presupuestos de 2017 y 2018).
A pesar de que las encuestas siguen situando al PP ligeramente por debajo de sus malos resultados del 26-J de 2016 (31,2%), a 10 puntos de un segundo puesto que se disputan Unidos Podemos y el PSOE entorno al 20%, y que la derecha suma más votos (47%) que las izquierdas (alrededor del 44), el 70% de los encuestados desaprueba explícitamente la gestión del Gobierno Rajoy, un 62% cree que improvisa sobre la marcha y un 82% que la situación política es mala. Cuando el fracaso de esta gestión se concreta por temas, el 89% condena las actitudes y políticas del gobierno en relación con la corrupción; el 71% sobre la situación de Cataluña; y el 78% por lo que respecta a su política laboral.
Si se tiene en cuenta que la derrota de las izquierdas en las elecciones del 26-J se produjo fundamentalmente por la desmovilización de 1,3 millones de votantes anteriores –duro balance social de las disputas en la construcción de una alternativa al PP que enfrentaron con dos concepciones incompatibles a PSOE y UP-, es comprensible que Rajoy no quiera convocar elecciones anticipadas, a pesar de los cantos de sirena que le prometen una mayoría absoluta con Ciudadanos. Como es sabido, a Rajoy no le gustan las formulas por probar, le repelen Rivera y Ciudadanos –que considera un caballo de Troya que pueda desarticular su hegemonía en la derecha y alentar como reacción un polo de extrema derecha- y prefiere “pactos de estado” con un PSOE sumiso al bipartidismo zombie, bloqueando a medio plazo una alternativa de las izquierdas.
Es más, esa ha sido su reacción inmediata al rechazo parlamentario del real decreto 4/2017:  exigir “algo de estabilidad política” (…)“Es necesario que episodios como el de los estibadores no se vuelvan a repetir nunca, por lo menos, los partidos que debemos ser responsables”.
La crisis del PSOE: clave de la bóveda

Pero la dinámica del debate interno dentro del PSOE, y las presiones externas que recibe de sus votantes y los sindicatos, no solo no confluye con esta visión de sumisión a Rajoy, sino que responde a la frustración, el hartazgo y el sufrimiento social acumulado de una base social polarizada entorno al acierto o el error de haber permitido con la abstención el Gobierno de Rajoy. Pedro Sánchez, dado por muerto y enterrado, disfruta de un segundo aliento. Congrega en cada acto a miles de militantes, es capaz con su apoyo de financiar autónomamente su campaña en las primarias socialistas y representa un objetivo claro: acabar con el Gobierno Rajoy.
Patxi López hace piruetas para evitar la polarización misma que esta detrás de la convocatoria de las primarias, invocando una unidad rota en el vergonzoso comité federal del 1 de octubre. Y Susana Díaz todavía espera al 26 de marzo para proclamar una candidatura que depende de que Ciudadanos mantenga su apoyo al gobierno del PSOE en Andalucía y este no tenga que convocar a su vez elecciones anticipadas. Más que de ella misma –porque no se le conoce aún una propuesta concreta que no sea invocar la hegemonía perdida de las izquierdas-, su poder de convocatoria depende de los barones y de los aparatos autonómicos y central del PSOE.
Los resultados de las primarias socialistas de mayo determinarán de manera irrevocable el congreso convocado a mediados de junio. Si se produce una victoria de Pedro Sánchez, quedará descartada la política de pactos vergonzantes, por muy “responsables” que sean, con el Gobierno Rajoy. Lo que no implica una moción de censura a corto plazo. Si pierde con un número significativo de votos, limitará la ya reducida capacidad de maniobra de Susana Díaz para aprobar los presupuestos de 2018, que podría hacer irreversible la crisis del PSOE. En ese escenario, es muy probable que Rajoy escuche los cantos de sirena y convoque elecciones anticipadas, atribuyendo su necesidad a la “irresponsabilidad” del PSOE frente a la situación económica y el desafío de los soberanistas catalanes. Una campaña electoral polarizada entre “responsables” e “irresponsables”, con los bárbaros populistas e independentistas llamando a las puertas amuralladas del régimen del 78.
Indicios de recuperación de la movilización social y limites de la gestión de Rajoy

Las cosas no son tan evidentes, sin embargo, fuera de los círculos de convencidos en la derecha. Hay elementos de nueva movilización social en la educación (huelga del 9 de marzo); feminista (manifestaciones y actos del 8 de marzo); sindical (nuevas asambleas de delegados el 23 de marzo, en la tercera convocatoria de este tipo desde que iniciaron la campaña por la negociación colectiva CCOO y UGT); en defensa de los refugiados (manifestación del 18 de febrero en Barcelona y su eco en muchas ciudades); además de la amenaza de una huelga tan dura como la de los estibadores en los puertos. Estas movilizaciones son la condición necesaria para una nueva movilización electoral de izquierdas.
Y a Rajoy no le va bien en ninguno de los otros frentes. Su estrategia de bloqueo parlamentario de la oposición, alegando las consecuencias sobre el control de un presupuesto no aprobado, que se encuentra ya con un recurso ante el Tribunal Constitucional del Congreso, se enfrenta ahora a un informe de los letrados del Congreso que tendrá que ser discutido por una Mesa en la que solo tiene mayoría gracias a Ciudadanos.
Su gestión económica de la crisis tiene dos aspectos contradictorios, que la hacen profundamente incoherente. Por un lado, una política de exenciones fiscales a las grandes empresas, que han situado la presión fiscal 5,4 puntos por debajo de la de la UE (34,6% frente al 40%) y que de 2007 a 2014, en lo más crudo de la crisis, han supuesto una falta de recaudación de 70.000 millones de euros, una cantidad superior al rescate de la banca española por la UE. Por el otro, a pesar de crecer por encima del 3%, el gobierno Rajoy sigue siendo incapaz de controlar el déficit fiscal ni cumplir este año el objetivo del 3,1%, porque lo superará en 4 décimas, en el mejor de los casos. ¿Dónde quedará entonces la credibilidad del acuerdo de ajuste trienal pactado entre el gobierno en funciones Rajoy con la Comisión Europea en 2016? Tampoco en el terreno de la lucha contra el paro puede alardear Rajoy de resultados. El año acabará con un 18% de parados, una cifra solo superada por Grecia, y con la tasa de temporalidad más alta (26,5%) después de Polonia, que ha creado, gracias a la contrarreforma laboral, un ejercito de trabajadores pobres en activo. Para más inri, las declaraciones de la cúspide del Banco de España en el juicio sobre Bankia y la comisión parlamentaria paralela pueden poner al descubierto la lógica de la gestión de la crisis de 2008-2014, más allá de las justificaciones interesadas como el panfleto exculpatorio de De Guindos, y a sus auténticos beneficiarios.
Más pronto que tarde, todas estas tendencias comenzarán a confluir, ronzando la nave del Gobierno y a su Gran Timonel. Sobre todo porque en el horizonte se vislumbran dos tormentas tan graves como la convocatoria del referéndum catalán, su prohibición, la intervención para hacerla efectiva, la intervención legal contra la Generalitat del Tribunal Constitucional y la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, cuyo aplazamiento solo puede complicar las cosas para Rajoy a más a más.
Y en mitad de ese otoño caliente, la inevitable negociación sobre el presupuesto del 2018 (para hacer efectivos recortes de cerca de un 1% del PIB, según lo acordado con la Comisión Europea) que, de no aprobarse en plazo, exigiría legalmente la disolución de Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Necesidad de un debate estratégico, pero también de coyuntura

Las consecuencias políticas de este escenario no son, sin embargo, las que han inspirado ni el texto de estrategia aprobado por Podemos en Vistalegre II ni la resolución coyuntura adoptada recientemente por Izquierda Unida. En ambos casos, el énfasis se sitúa en la estabilidad del gobierno minoritario de Rajoy gracias al apoyo de Ciudadanos y la Gestora del PSOE, que conformarían una Triple Alianza relativamente sólida.
Esta polarización entre Unidos Podemos y el resto de los partidos, portavoces en definitiva de lo que se ha llamado “la trama” –el núcleo de poder hegemónico del capitalismo de amiguetes del régimen del 78- obvia por el momento las contradicciones explosivas en el seno del PSOE y las tensiones en la alianza forzada entre el PP y Ciudadanos, que no hace más que tragar quina como consecuencia de las “diferentes lecturas” (incumplimientos) sobre las responsabilidades políticas de la corrupción y la orientación de la gestión económica. Y no se vislumbra una táctica de UP para aprovechar estas contradicciones, sobre todo las del PSOE en su proceso congresual, más allá de algunas iniciativas parlamentarias. El horizonte de la alternativa se ha situado en 2020, incluso con la formación de una comisión específica Rumbo 2020.
Es más, el énfasis en el discurso sobre “la trama”, que pone el dedo certeramente sobre las contradicciones estructurales del régimen del 78, esta obviando un debate concreto sobre la crisis coyuntural del gobierno minoritario de Rajoy (ver, con matices, 1 y 2). Puede favorecer la necesaria consolidación organizativa de UP tras Vistalegre II, pero es imprescindible también una actividad de apoyo a la política extra-parlamentaria, a los movimientos sociales, alentando su auto-organización. La alternativa de las izquierdas no se puede construir desde arriba, en un horizonte pactos necesarios pero insuficientes entre partidos políticos. Exige hegemonía desde abajo, construida en la intervención concreta de los problemas concretos que constituyen la hoja de ruta de la inestabilidad. Cuando estalle la crisis del gobierno minoritario de Rajoy, mejor que nos pille preparados.

Miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 19 de marzo 2017 
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