El gran debate de las últimas semanas sobre el referéndum catalán se había centrado en los dos caminos que tenía ante sí el Gobierno para frenar el desafío soberanista, ya fuera el uso del artículo 155 de la Constitución o la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, concretamente su artículo 24, que permite, por decreto, el nombramiento de una “autoridad funcional” a la que se atribuirían competencias para dirigir las actuaciones que considerara oportunas y a la que tendría que someterse la Generalitat. Es decir, se haría con el poder.
Ambas situaciones comportaban algunos inconvenientes. En el caso de la Ley de Seguridad Nacional, el Ejecutivo estaba obligado a definir la duración de la excepcionalidad además de rendir de inmediato cuentas al Congreso sobre las medidas adoptadas y la evolución de la situación. Por lo que respecto al 155, el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, lo explicaba magistralmente en un reciente artículo publicado en eldiario.es: “El Gobierno queda apoderado para hacer todo lo que la propuesta aprobada contiene, pero también limitado por el contenido de dicha propuesta”. Ha de hacer públicos los pasos que pretende dar y circunscribir su actuación a lo acordado. En definitiva, queda encerrado en su propio perímetro de actuación.
Ese es el motivo por el que Rajoy ha esquivado ambas vías haciendo de su capa un sayo, para lo que sólo precisa de los servicios de la fiscalía que tiene a sus órdenes y de la predisposición de al menos un juzgado que revista de legalidad cada uno de sus actos. Con esos dos únicos mimbres se está fabricando el cesto, que no es otro que la suspensión de tapadillo y por la vía de los hechos de la autonomía catalana.
En realidad, las medidas que se están aplicando en Catalunya se parecen mucho a las que establece la declaración del estado de excepción, con la ventaja de que no precisa la autorización del Congreso de los Diputados ni la mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, enumerados en el artículo 55 de la Constitución. Entre ellos figuran algunos que ya se han puesto en almoneda, como el derecho a la libertad y a la seguridad, el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión y el derecho a la información y el de reunión pacífica sin autorización judicial. La coartada es la prevención de un supuesto e inexistente delito de apología del referéndum.
Una cosa es que la resolución del Tribunal Constitucional aperciba a alcaldes y altos cargos sobre sus responsabilidades por participar en la organización del referéndum y otra muy distinta es que ampare imputaciones masivas, dé cobertura a la intervención de la caja de la Generalitat y a la congelación de sus cuentas, permita la incautación de correspondencia dirigida a los ciudadanos y autorice la suspensión de reuniones pacíficas sobre la consulta.
El siguiente paso en la escalada ha sido la detención de 12 altos cargos de la Generalitat, entre ellos la mano derecha de Oriol Junqueras, a los que se acusa de ser los organizadores de la consulta. Los hechos están dando la razón a quienes sostienen que lo que está en juego no es la independencia de un territorio sino el Estado de Derecho, al que se burla con atajos. El uso torticero de la ley es una ilegalidad tan manifiesta como la que se pretende combatir.
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¿Hacia un Estado de Excepción?
Javier Valenzuela
Publicada 20/09/2017
( Este artículo está publicado a 6 de la mañana antes de las detenciones)
Tuvimos una fibra liberal –en el buen viejo sentido de la
palabra- y hasta una fibra libertaria en el siglo XIX y el primer tercio del
XX, pero el franquismo se encargó de desenraizarlas brutalmente. La España de
la Transición deseaba una democracia homologable con las europeas, pero también
valoraba muchísimo los conceptos de ley, orden, seguridad y unidad, inculcados
durante décadas en escuelas, iglesias y medios de comunicación. El temor a un
golpe de Estado o incluso la repetición de la Guerra Civil fue clave en que la
democracia se recuperara a partir de la reforma del franquismo. La correlación
de fuerzas –ideológicas y físicas- era la que era.
Aquí es casi imposible que el deseo de tantos catalanes de
decidir sobre su relación con el resto de España tenga una respuesta como la
canadiense, la británica o la estadounidense: pactemos para que puedan
celebrarse referendos en Quebec, Escocia y Puerto Rico. No debería extrañarles
a ustedes que el New York Times recomiende una consulta negociada para el
problema catalán. El concepto de libertad prima en el mundo anglosajón desde
hace siglos.
Me defino como un libertario en la línea de Albert Camus, de
los que proclaman que su patria es la libertad. Así que me preocupa mucho lo
que está ocurriendo en estas vísperas del 1-O. Lo que está ocurriendo a uno y
otro lado del Ebro. Me preocupa que despidan a un columnista de La Vanguardia
porque su actitud ante la convocatoria del referéndum no coincide con la de ese
diario. Y comparto la angustia de tantos amigos catalanes porque allí se haya
impuesto un clima de exaltación nacionalista que les margina por defender
terceras vías federalistas, vías que permitan una nueva forma de integración en
una España más democrática.
Pero me inquieta también la gran adhesión que a este lado
del Ebro reciben las respuestas represivas al intento de celebrar el
referéndum. Me mosquea la unanimidad militante de los diarios impresos de
Madrid en torno al argumentario y las medidas de Rajoy, la imposibilidad de
distinguir entre La Razón y El País. Y no me gusta ver a la Guardia Civil
registrando imprentas y periódicos en Cataluña, incautándose de impresoras,
ordenadores, carteles y papeletas. Prefiero verla combatiendo en todas partes
la corrupción, ese robo del dinero ganado por los contribuyentes honestos con
el sudor de su frente.
Encuentro aberrante que un juez politizado hasta los
tuétanos prohíba la celebración de un acto en dependencias municipales madrileñas
para debatir sobre el derecho a decidir. O que otro envíe a la Policía para
negarle a una diputada catalana el derecho a explicarse en Vitoria. O que
lluevan amenazas de multas y encarcelamientos sobre cientos de alcaldes que
quieren poner urnas. Puede que todo ello sea conforme al Derecho Penal, pero
–llámenme estrafalario- pienso que la libertad de expresión es primordial.
La crisis del 1-O es, entre otras cosas, un choque de
nacionalismos: el catalanista y el españolista. Sabido es que en estas peleas a
banderazos siempre pierde la libertad. Coincido con algunos jueces valientes
–muy pocos- que han dicho que no todo vale para impedir una consulta el 1-0,
por poco o nulo encaje que esta tenga en la legalidad vigente. Y con alguno de
los juristas –pocos también- que advierten sobre el gravísimo riesgo de
sustituir el espíritu democrático que pueda haber en la Constitución por la
letra del Código Penal.
Llueve sobre mojado. Llevamos varios años de sistemático
recorte de las libertades y los derechos. Se han criminalizado las
manifestaciones callejeras, deteniendo y procesando incluso a un profesor
sexagenario bajo la inverosímil acusación de haber agredido a jóvenes y
fornidos antidisturbios. Se ha perseguido a titiriteros, tuiteros y humoristas.
Se ha convertido a RTVE en un obsceno órgano de propaganda del Gobierno y sus
amigos.
Dada la actual correlación de fuerzas –no olviden nunca este
factor-, veo difícil que de esta crisis salgan una Cataluña y una España
relacionadas mediante un nuevo pacto que suponga más libertad, justicia y
honestidad a ambos lados del Ebro. Los que defendemos esta idea somos
minoritarios y, desde luego, mucho menos poderosos que los incondicionales de
las autoridades y el autoritarismo. Más posible veo que siga asentándose un
Estado de Excepción que no quiere decir su nombre.
Ver también los comentarios al artículo ..
Y ver ..--
http://www.eldiario.es/politica/independencia-Va-hacer-frente-viviendo_0_688731498.html
Nota . Supongo que lo hacen así para no detener a parlamentarios , que son aforados .No hay que confundir tampoco lo que es un Estado de Excepción bajo una dictadura militar con lo que es bajo un democracía .. este no está declarado pero es de facto contra las libertades, no solo en Cataluña. No olvidemos la utilización de la leyes antiterroristas no solo contra el yijadismo y la ley administrativa " mordaza". Pero bloqueadas las instituciones en Cataluña la dinámica pasa a la calle. Como un primavera catalana más alla de un 15-M.
Y ver ..
http://kaosenlared.net/democracia-marca-espana-la-gente-se-echa-la-calle-barcelona-ante-los-registros-detenciones/
Nota . Supongo que lo hacen así para no detener a parlamentarios , que son aforados .No hay que confundir tampoco lo que es un Estado de Excepción bajo una dictadura militar con lo que es bajo un democracía .. este no está declarado pero es de facto contra las libertades, no solo en Cataluña. No olvidemos la utilización de la leyes antiterroristas no solo contra el yijadismo y la ley administrativa " mordaza". Pero bloqueadas las instituciones en Cataluña la dinámica pasa a la calle. Como un primavera catalana más alla de un 15-M.
Y ver ..
http://kaosenlared.net/democracia-marca-espana-la-gente-se-echa-la-calle-barcelona-ante-los-registros-detenciones/